Tribus judiciales, cuotas de congresistas para los grupos oligopólicos, legitimación de robos y complicidad en la entrega del país era el día a día en la forma en cómo el extinto Congreso de la República ejecutaba los “actos legislativos”, nunca en favor del pueblo
Más que un Poder, se trataba de una especie de “corporación” en la que los grupos de económicos se repartían, en cuotas, lo que ellos denominaban “la tajada”. Así se puede describir el funcionamiento del extinto Congreso de la Cuarta República; el lugar en donde se tranzaban negocios, se conculcaban derechos y los partidos dominantes eran cómplices de la conculcación, represión y maltrato al pueblo.
El antiguo Congreso era un parlamento Bicameral. Contaba con la cámara de diputados y la cámara de senadores. Estas instancias sesionaban en conjunto según los casos previstos en la fenecida Constitución de 1961.
La forma en la que se componían las distintas fracciones parlamentarias representaba en carácter elitista, conservador y excluyente de las fuerzas políticas que ocupaban los curules.
La iniciativa legislativa no era ninguna iniciativa
Conocidos son los métodos que en la cuarta República se implementaron para conformar leyes desde el Congreso. La consulta al pueblo sobre los diferentes textos legales que se debatían y aprobaban era nula. Desde los bufetes de abogados (también llamados ‘tribus judiciales’) de despachaban las leyes que eran enviadas al Poder Legislativo para que los congresistas simplemente levantaran la mano y las aprobaran.
Estos bufetes estaban plenamente al servicio de los grupos empresariales dominantes, quienes les ordenaban la creación de leyes para proteger los intereses oligopolios. Se puede decir que el Congreso era una especie “trámite necesario” para que los deseos empresariales se hicieran ley.
Visto bueno al saqueo
A principio de los años 90 se impuso la “Apertura Petrolera”, un mecanismo que pretendió el desmontaje de la industria petrolera nacional y entrega de esta a los capitales privados criollos e internacionales. Bajo el manto de lo que se llamó “el Gran Viraje”, impuesto por Carlos Andrés Pérez, que estaba en sintonía con la imposición de políticas neoliberales en la región. La apertura inicio siendo un mecanismo en el cual se firmaban convenios para la explotación de pozos calificados de marginales o que estuviesen inoperativos por parte de Petróleros de Venezuela S.A. (PDVSA).
El verdadero rostro de este proyecto se develó en el Congreso de la República en el año 1995, fecha en la que el Poder Legislativo aprobó la exploración a riesgo de más de 18.000 kilómetros cuadrados del territorio nacionales. Esta autorización mediante un acto legislativo significó la máxima licitación para la explotación petrolera desde la Segunda Guerra Mundial.
Muchas de las clausulas consagradas en los textos legales aprobados por el Congreso de la Cuarta República violaban abiertamente disposiciones contenidas en la Constitución de entonces (Constitución de 1961), desarrolladas en la Ley que asignaba al Estado los derechos de propiedad y administración de los hidrocarburos, y otras disposiciones. El entonces diputado Alí Rodríguez Araque, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995, citaba algunas de las violaciones más flagrantes de la legalidad.
Constitución de la República (1961)
a) Artículo 136, ordinal 10º: “Es de la competencia del Poder nacional el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”.
b) Artículo 103 “Las tierras adquiridas con destino a la exploración y explotación de concesiones mineras, comprendidas las de hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena propiedad a la nación sin indemnización alguna al extinguirse por cualquier causa la concesión respectiva”(…)
No se discutía, se aprobaba y ya
La premura con la que actuaban Acción Democrática y Copei para la entrega de la industria petrolera fue tan evidente, que muchos parlamentarios de la época denunciaron que los convenios que eran enviados al congreso ni siquiera eran discutidos en las comisiones pertinentes, sino que eran enviados a plenaria para su aprobación o no. En ese entonces, AD y Copei aplicaban lo que se conocido como “la aplanadora” para dar el visto bueno a los “convenios leoninos” para el Estado.
“Como esos contratos fueron entregados a última hora, prácticamente en el momento en que se iniciaba la Sesión, creo que es un sentido de responsabilidad abstenerme en este caso, a votar por algo de lo que no tengo conocimiento” denunció el entonces diputado Nelson Carrasquero, a nombre del Movimiento Electoral del Pueblo, en la Sesión Conjunta del Congreso de la República el 19 de junio de 1996.
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